El Instituto Americano del Petróleo (API) afirmó que empresas estatales de México violan normas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El Capítulo 22 del T-MEC estipula que las empresas estatales y sus competidores deben tener igualdad de oportunidades para competir en los mercados de cada nación, garantizando que las empresas estatales no gocen de beneficios o condiciones que no estén disponibles para sus competidores privados.
Empresas estatales de México
En una carta dirigida a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), el API afirmó que México no ha cumplido con sus compromisos en virtud del T-MEC en este sentido.
Desde su perspectiva, la USTR debería negociar que México: restablezca su Reglamento de Precios Asimétricos; excluya a los empleados de Pemex de sus funciones de facto como agentes del orden; derogue la CUFIN; y agilice y otorgue los permisos pendientes para la infraestructura energética del sector privado estadounidense.
El API argumentó que Pemex goza de sólidas ventajas en la fijación de precios de los combustibles, ventajas que no están al alcance de sus competidores y que se han incrementado desde que la antigua Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México anuló en diciembre de 2019 el Reglamento de Precios Asimétricos, una norma diseñada para limitar el dominio de Pemex en el mercado mediante la regulación de los precios minoristas de los combustibles de la empresa, lo que introdujo una mayor competencia en el mercado.
La norma fue reinstaurada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, pero nuevamente anulada recientemente por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Para el API, esta anulación permite a Pemex ejercer su dominio del mercado y su poder de fijación de precios para perjudicar a sus competidores y mantener una importante ventaja en los precios de refinación y distribución.
Precios asimétricos
El API indicó que la USTR también debería presionar al gobierno mexicano para que excluya a Pemex del proceso de inspección de camiones cisterna para detectar el envío ilegal de combustible.
La Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Energía (CNE) supervisan las inspecciones de camiones cisterna y de gasolineras de marcas privadas en México con el fin de detectar el envío ilegal de combustible, lo cual constituye una función gubernamental habitual.
Sin embargo, Pemex suele brindar asistencia en estas labores, lo que le otorga, en opinión del API, una ventaja económica inherente como participante del mercado.
Por ejemplo, Pemex podría proporcionar manifiestos de carga, registros de flujo de oleoductos y otros datos de distribución a las agencias de inspección.
El gobierno también podría incorporar inspectores a los camiones de Pemex, cotejando los conocimientos de embarque con los registros de despacho y verificando que los envíos coincidan con los registros oficiales.
No obstante, como participante del mercado, Pemex controla la mayor parte de las importaciones, la refinación, el almacenamiento y la infraestructura de oleoductos de combustible en México.
Por lo tanto, el API argumentó que al actuar como agentes de facto de las fuerzas del orden y, en consecuencia, obtener una visibilidad sin precedentes de la logística y los precios del mercado, Pemex cuenta con una ventaja competitiva sobre las empresas energéticas estadounidenses que intentan operar en ese país.