El 28 de abril de 2025, Estados Unidos anunció un acuerdo con México sobre el Río Bravo para aumentar los suministros a Estados Unidos y reducir el déficit actual para octubre de 2025 (es decir, al final del ciclo actual).
El Tratado de Aguas de 1944 aborda la cuenca del Río Bravo, ubicada al sur de Fort Quitman, Texas.
El tratado establece que Estados Unidos tiene derecho al agua de los afluentes que alimentan el Río Grande en su territorio. Además, puede recibir un tercio del caudal de ciertos afluentes mexicanos. Este volumen debe promediar al menos 0.35 millones de acres-pie (MAF) por año, medido en ciclos de cinco años, es decir, 1.75 MAF en total.
El Río Bravo nace en las montañas de Colorado, Estados Unidos, y recorre aproximadamente 3,000 kilómetros, formando gran parte de la frontera entre Estados Unidos y México, desde El Paso, Texas, hasta el Golfo de México.
Río Bravo
Desde 1994, México ha incumplido varias veces sus obligaciones de suministro de agua del Río Grande dentro del ciclo quinquenal. El ciclo actual comenzó el 25 de octubre de 2020 y, al 19 de abril de 2025, México solo había entregado unos 0.53 MAF, según la CILA.
Si hay una sequía extraordinaria —un término no definido— México debe reponer el agua faltante en el siguiente ciclo. Las fallas repetidas han generado preocupación en Texas y han impulsado llamados para establecer mecanismos que garanticen un suministro más confiable. El Tratado de Aguas de 1944 prevé mecanismos de resolución de disputas en estos casos. En abril de 2025, Trump habló en redes sociales sobre posibles sanciones y aranceles a México por este tema.
Varios expertos atribuyen los déficits recientes a la sequía en la cuenca del Río Bravo. Además, advierten sobre cambios climáticos que afectan los patrones meteorológicos.
Cumplimiento del tratado
El 28 de abril, Estados Unidos y México firmaron un acuerdo. El objetivo es aumentar los suministros y reducir el déficit antes de octubre de 2025.
A lo largo del tiempo, el Congreso estadounidense ha seguido de cerca este tema. En 2024, algunos legisladores de Texas propusieron frenar fondos a México para presionar el cumplimiento del tratado.
Ahora, el Congreso evalúa qué herramientas ejecutivas se están usando. También considera si se requieren nuevas leyes, además del Acta 331, aprobada en noviembre de 2024.