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Penalizan la corrupción gubernamental en el TLCAN

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México, Estados Unidos y Canadá lograron cerrar el capítulo de Anticorrupción, con el cual se penalizan prácticas corruptas de los gobiernos y las compañías de los tres países respecto a cualquier tema cubierto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este rubro se discutió sólo el lunes, de acuerdo con el programa de trabajo original de la sexta ronda de negociaciones, pero el cierre fue difundido hasta el viernes.

El capítulo incluye prácticas de integridad en gobiernos y empresas y regula sobre delitos como soborno, cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos y peculado, entre otros.

Canadá y Estados Unidos, quienes tienen leyes más estrictas en la materia a nivel nacional, tienen interés particular para proteger a sus empresas de actos de corrupción en México que las hagan menos competitivas en sus inversiones y en el comercio de bienes y servicios.

Para México, la conclusión de este capítulo es relevante para mostrar avances en las negociaciones y para hacer más atractivo al país en uno de sus puntos más débiles de competitividad.

En el Reporte de Competitividad Global 2017, difundió por el Foro Económico Mundial (WEF), México se mantuvo en el lugar 51, en una muestra de 137 países, con la corrupción como el principal problema para hacer negocios.

Según el gobierno mexicano, en el nuevo contenido del TLCAN se establecerían disuasivos en los procesos de licitaciones públicas para poder transparentar que el acceso al gasto gubernamental sea transparente y bien dirigido.

Muchos de los compromisos de México en esta esfera fueron incluidos en el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), cuyo “acuerdo global en principio” ya fue cerrado, con el capítulo de Transparencia y Anticorrupción incluido en su totalidad.

En ese capítulo del TPP-11, los países se comprometen a la aplicación efectiva de sus leyes y reglamentos anticorrupción. Además, a esforzarse por adoptar o mantener códigos o normas de conducta para sus funcionarios públicos, así como medidas para identificar y gestionar los conflictos de intereses, incrementar la capacitación de los funcionarios públicos, tomar medidas para desalentar prebendas, facilitar la notificación de los actos de corrupción y establecer las medidas disciplinarias o de otro tipo para los funcionarios públicos que participen en actos de corrupción.

Las Partes del TPP se obligan a garantizar ciertos derechos de debido proceso para los interesados del TPP, en relación con procedimientos administrativos, incluyendo una pronta revisión a través de procedimientos imparciales por parte de tribunales o procedimientos judiciales o administrativos.

También se comprometen a adoptar o mantener leyes que penalicen el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas por parte de un funcionario público, así como otros actos de corrupción que afecten al comercio internacional o la inversión.

En el Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, México se encuentra en el sitio 123 de 176 naciones; Estados Unidos en el lugar 18, y Canadá en la posición nueve.

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