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Llevan a corte caso de aranceles en Estados Unidos

El Instituto Estadounidense para el Acero (AIIS, por su sigla en inglés) interpuso este miércoles una demanda en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos alegando la inconstitucionalidad del establecimiento de aranceles a las importaciones de acero por parte del presidente Donald Trump.

“(La medida) constituye una delegación indebida de autoridad legislativa al Presidente, en violación del Artículo I, sección 1 de la Constitución y la doctrina de la separación de poderes y el sistema de controles y equilibrios que protege la Constitución”, argumentó.

Los aranceles estadounidenses se basan en una investigación de la Sección 232 de Estados Unidos, que se lleva a cabo bajo la autoridad de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enmendada.

Cuando se requiere ésta, el Secretario de Comercio examina el efecto de las importaciones en la seguridad nacional, incluida la producción nacional necesaria para los requisitos de defensa nacional proyectados; la capacidad de las industrias nacionales para cumplir con dichos requisitos; y las disponibilidades existentes y anticipadas de recursos humanos, productos, materias primas y otros suministros y servicios esenciales para la defensa nacional.

En 2017, las importaciones estadounidenses de productos de acero y aluminio cubiertos por las tarifas de la Sección 232 ascendieron a 29,000 millones y 17,400 millones de dólares, respectivamente. México representó 8.6% de las importaciones de acero y 1.5% de las importaciones de aluminio de Estados Unidos en el año pasado.

Según el recurso legal interpuesto, el Presidente está autorizado por la concesión abierta de poderes en la sección 232 para hacer lo que hizo respecto de las tarifas del acero: leer la sección 232 como le plazca, elegir entre las alternativas presentadas, sin límites basados ​​en la evidencia presentada y sin necesidad de explicar sus decisiones cambiantes o defenderlas en un tribunal de justicia.

“La legislación presidencial de ese tipo simplemente no está prevista en la Constitución de los Estados Unidos y su sistema de separación de poderes y controles creados, y en consecuencia, el artículo 232 es inconstitucional por esa razón también”, añade.

Estados Unidos anunció el 8 de marzo que fijaría aranceles globales de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, argumentando preocupaciones de seguridad nacional, y otorgó a 34 países exenciones, las cuales mantuvo a cambio de límites a través de cupos para los casos de Brasil, Argentina, Corea del Sur y Australia, mientras las extendió sólo hasta el 1 de junio para México, Canadá y las 28 naciones de la Unión Europea. Inicialmente, estas tarifas entraron en vigor el 23 de marzo.

La Sección 232 ordena al Presidente que presente al Congreso una declaración escrita de “las razones por las cuales el Presidente ha decidido tomar medidas” dentro de los 30 días a partir de la fecha en que se realizan tales determinaciones.

Si bien la ley permite que el Congreso apruebe una resolución conjunta de desaprobación de acciones que adopta el Presidente, esta disposición se limita a casos en que el Presidente ajuste “importaciones de petróleo o productos derivados del petróleo” y, por lo tanto, no se aplica a las investigaciones de acero y aluminio.

El Congreso podría, sin embargo, aprobar otra legislación. De acuerdo con el marco legal estadounidense, el Congreso está constitucionalmente autorizado para recaudar ingresos a través de aranceles para regular el comercio internacional y tiene la autoridad para hacer todas las leyes que sean necesarias y adecuadas para llevar a cabo estos poderes.

En el contexto de las nuevas tarifas sobre acero y el aluminio, el Congreso estadounidense podría aprobar una legislación que imponga un remedio comercial diferente, y también podría enmendar o derogar la Sección 232. Algunos esfuerzos legislativos están en marcha, pero cualquier acción de ese tipo en la parte del Congreso estaría sujeto al veto del Presidente.

Los miembros de AIIS, que incluyen a los demandantes Sim-Tex y Orban, tienen varias conexiones comerciales con los productos de acero importados que están sujetos al aumento de tarifas del 25% impugnado en el recurso de inconstitucionalidad.

Esos miembros incluyen compañías que usan acero importado en la fabricación de sus propios productos, comerciantes, importadores, exportadores, autoridades portuarias y sindicatos, entre otros, todos los cuales han sido y seguirán siendo afectados por el aumento del 25% en los aranceles sobre los productos de acero importados.

Los miembros de AIIS manejan, importan, envían, transportan o almacenan aproximadamente 80% de todos los productos básicos de acero importados en Estados Unidos.

En la Organización Mundial de Comercio (OMC), Estados Unidos argumentó que el Presidente determinó que los aranceles eran necesarios para ajustar las importaciones de artículos de acero y aluminio que amenazan menoscabar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Adujo que las cuestiones relativas a la seguridad nacional son asuntos políticos que no son susceptibles de examen, ni pueden ser objeto de resolución en el marco de la solución de diferencias en la OMC.

Cada Miembro de la OMC, por consiguiente, conserva la facultad de determinar por sí mismo los asuntos que estime necesarios para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, como queda reflejado, según el gobierno estadounidense, en el texto del artículo XXI del GATT de 1994.

 

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