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La Cofece investiga mercado de gasolinas y diésel

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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso de inicio de una investigación por denuncia para determinar la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de la comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel.

A partir de la reforma energética, los expendedores de gasolina y diésel han buscado esquemas para lograr economías de escala por lo que, en fechas recientes, podrían haberse llevado a cabo procesos de consolidación de expendedores mediante adquisiciones, fusiones, consorcios o “alianzas comerciales”. Se observó, por ejemplo, que en el último año el 10% de las estaciones de servicio del país ha cambiado de razón social.

Estas operaciones, que generalmente buscan conseguir objetivos como reducir costos, mejorar la proveeduría de insumos, de logística y/o ampliar la oferta de estos combustibles, no necesariamente son concentraciones ilícitas.

Sin embargo, pueden llegar a constituir esta conducta anticompetitiva cuando las operaciones logran conferir o aumentar el poder sustancial de uno o varios agentes económicos; desplazar a otros agentes económicos o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales, y/o facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.

Por ello, desde 2016 la COFECE recomendó a los agentes económicos de este sector que notifiquen de forma preventiva cualquier proyecto de asociación o concentración, con el objeto de ponderar su posible impacto en las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados de estos combustibles.

Este procedimiento de investigación, que inició el 6 de septiembre de 2017 con número de expediente DE-018-2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos a los que, en caso de ser considerados probables responsables, se les deberá oír en defensa.

De comprobarse una concentración ilícita, el Pleno de la Cofece puede imponer las siguientes sanciones: demandar la corrección o supresión de la práctica ilegal; ordenar la desconcentración parcial o total; decretar la terminación del control o la supresión de los actos y multar hasta con 8% de los ingresos del agente económico. Los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), entre otras sanciones.

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