La inversión directa de mexicanos en el exterior cayó a una tasa interanual de 55.8% en 2023, a 6,429 millones de dólares en 2023, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

Para tomar en cuenta: la inversión directa en el exterior se compila a partir de una encuesta realizada por Banco de México a empresas identificadas como inversores directos en el exterior. 

A la inversa, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México totalizó 36,068 millones de dólares en 2023, lo que supone un descenso de 0.7%, año contra año.

Inversión directa

La IED en México se obtiene del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras administrado por la Secretaría de Economía. El Banco de México y la Secretaría de Economía realizan de manera conjunta la estimación de este rubro.  

¿Cómo fue el curso de la inversión directa de los mexicanos en el exterior? Pasó de 1,594 millones de dólares en 2021 a 14,532 millones en 2022, y luego a 6,429 millones en 2023.

La inversión directa es una categoría de la inversión transfronteriza relacionada con el hecho de que un inversionista residente en una economía ejerce el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de una empresa que es residente en otra economía.

¿Y el desarrollo de la IED en México? Creció de 31,543 millones de dólares en 2021 a 36,312 millones en 2022, y después descendió ligeramente a 36,058 millones.

Definición

La IED es una categoría de la inversión transfronteriza relacionada con el hecho de que un inversionista residente en una economía ejerce el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de una empresa que es residente en otra economía. 

También se debe considerar que la inversión extranjera directa incluye las transacciones/posiciones entre una unidad institucional residente y una no residente, pero excluye todas las transacciones/posiciones entre unidades que son residentes de la misma economía. 

Refleja el objetivo de establecer un interés duradero por parte de una empresa residente en una economía, en una empresa domiciliada en una economía diferente de la del inversor directo. 

La propiedad directa o indirecta de 10% o más del poder de voto de una empresa residente en una economía por parte de un inversor residente en otra economía se considera evidencia suficiente de este tipo de relación.