Elektra, una subsidiaria de Grupo Salinas, informó que no prevé pagar unos 300 millones de pesos por concepto de un arancel de 50% a la importación de autos originarios de China como parte de la alianza que hizo con la empresa china First Automotive Works (FAW), firmada en 2007.
El caso judicial aún no concluye, pero Elektra dijo que no cuenta con el importe de la contingencia, dado que considera que ya ha prescrito la facultad de la autoridad para reclamar el cobro de los aranceles.
Los autos fueron importados con un arancel cero, por la ventaja que otorgaba el Decreto Automotriz de México si la compañía importadora contaba con una planta de producción. Ésta se planeó construir en Michoacán, pero el proyecto se canceló finalmente.
La historia comenzó cuando Grupos Salinas, a través de la subsidiaria Salinas Motors, y FAW Group comenzaron una alianza para vender los automóviles de bajo costo en México a finales de 2007, llegando incluso a colocar la primera piedra de la planta, cuyas inversiones iniciales eran de 150 millones de dólares, con la posibilidad de escalar hasta 300,000 millones en 2010.
En ese año, Salinas Motors anunció que comenzaría a importar dos modelos de autos de First Automotive Works a precios desde 69,000 pesos. El acuerdo permitía a GS importar 5,000 vehículos al año.
Los autos comercializados durante 2008 y 2009 eran vendidos a través de Elektra y podían ser adquiridos a través de créditos otorgados por Banco Azteca, los cuales permitían entrar al esquema de pagos semanales de desde 350 pesos.
El 85% de la inversión del proyecto era del Grupo Salinas, afirmó en 2014 Santiago Xiaoming, representante en jefe del Consejo Chino del Comercio Internacional.
En su reporte anual, Elektra informó que al cierre de 2015, se encontraba en proceso el juicio de nulidad promovido por GS Motors y GS Distribución en contra de la resolución de la Secretaría de Economía, al recurso de revisión que confirmó la no renovación a las empresas de su registro como fabricante de vehículos automotores ligeros nuevos en México, así como la negativa de extensión del plazo de renovación y suspensión del plazo para la construcción de la planta automotriz de Michoacán.
El 19 de enero de 2016, la empresa fue notificada de la sentencia emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de la cual se ha resuelto, por una parte, declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la Secretaría de Economía emita una nueva resolución en la que funde y motive la procedencia de la solicitud de suspensión y modificación del plazo de tres años solicitado por la empresa, y por otra, declarar la validez de la misma por lo que hace a la solicitud de la modificación del plazo para construir la planta automotriz.
En contra de la sentencia de mérito, el 10 de febrero de 2016, la empresa interpuso un amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito.
“En caso de que, en última instancia legal, se condene a dichas empresas, existe el riesgo de que el gobierno federal pretenda cobrar los aranceles a una tasa de 50% del costo del vehículo, en lugar de la tasa 0% con que fueron legalmente importados, a través del inicio de un procedimiento administrativo”, dijo Elektra.
“Sin embargo, no existen reservas de pasivo reconocidas a esa fecha, toda vez que la compañía (Elektra) considera que ya ha prescrito la facultad de las autoridades para reclamar el cobro de los aranceles anteriormente señalados, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco años contados a partir de la última importación de automóviles”, agregó.
El Gobierno de Michoacán, GS Motors y GS Distribución firmaron el convenio de terminación al convenio de colaboración para llevar a cabo la construcción de la planta automotriz de fecha 21 de noviembre de 2007, deslindándose mutuamente de cualquier responsabilidad.