El T-MEC protege a denunciantes de corrupción
El Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) protegerá a los denunciantes de actos de corrupción.
En este acuerdo se establece la obligación de que cada Parte establezca medidas para proteger a los denunciantes (“whitleblowers”) contra tratos injustificados.
Dado que el marco jurídico mexicano se extiende a los Estados, cualquier medida que México adopte para cumplir con esta obligación se tendrá que ver reflejada a nivel estatal y municipal.
En general, el T-MEC ayudaría a combatir la corrupción en México, una de los principales cambios que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió en su campaña.
En el Capítulo de Anticorrupción, México, Estados Unidos y Canadá establecieron disposiciones seguras que comprometan a cada parte a criminalizar la corrupción gubernamental.
El capítulo incluye prácticas de integridad en gobiernos y empresas y regula sobre delitos como soborno, cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos y peculado, entre otros.
Canadá y Estados Unidos, quienes cuentan con leyes más estrictas en la materia a nivel nacional, tienen interés particular para proteger a sus empresas de actos de corrupción en México que las hagan menos competitivas en sus inversiones y en el comercio de bienes y servicios.
Los países convinieron medidas para desalentar este problema y proporcionar sanciones adecuadas y herramientas de aplicación en caso de enjuiciamiento de personas sospechosas de participar en actividades corruptas.
Formas variadas de corrupción
La corrupción existe en muchas formas en el gobierno y en la sociedad mexicana, incluida la corrupción en el sector público (por ejemplo, la demanda de sobornos o sobornos por parte de funcionarios del gobierno) y el sector privado (por ejemplo, fraude y falsificación de reclamos).
Si bien este delito en el sector público y privado se encuentra en muchos países, la colaboración de actores gubernamentales (a menudo debido a la intimidación y amenazas) con organizaciones criminales plantea serios desafíos para el estado de derecho en México.
