El gobierno de Brasil ha llevado a cabo un proceso de privatización que en el último trienio ha vendido más de 100 activos de su propiedad, en forma directa o a través de empresas controladas por el Estado.

La presencia del Estado en la economía sigue siendo significativa. Actualmente, el gobierno federal controla 133 empresas públicas: 47 de propiedad directa y 86 de propiedad indirecta.

No obstante, desde 2019, la privatización de activos estatales se ha convertido en un eje central de la política económica. Esta estrategia busca liberalizar el mercado, atraer inversión y fomentar la competencia interna.

Entre 2017 y 2022, las autoridades reportaron avances en este proceso. Durante ese periodo, se privatizaron dos empresas de propiedad directa: Codesa y Eletrobras. Además, se liquidaron otras dos: Codomar y Casemg. Por último, Ceitec se encuentra en proceso de liquidación.

Proceso de privatización en Brasil

Además, de acuerdo con la OMC, en el mismo período las desinversiones (es decir, la venta de activos subsidiarios, inversiones o divisiones de una empresa) se han centrado en gran medida en el sector de la energía y han incluido 98 empresas públicas de propiedad directa e indirecta, entre ellas las siguientes:

• BR Distribuidora, principal distribuidora y comerciante de derivados del petróleo y biocombustibles (etanol) en el Brasil y en América Latina.
• Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), principal empresa de transporte de gas natural del Brasil.
• Liquigás Distribuidora S.A. (Liquigás), antigua filial de Petrobras (empresa controlada por el Gobierno) dedicada al embotellado, la distribución y la comercialización de gas licuado de petróleo.
• Amazonas Energia.
• Companhia Energética de Alagoas (CEAL).

En junio de 2022, el Programa Brasileño de Privatización (Programa Nacional de Desestatização -PND-) incluía 13 empresas públicas de propiedad directa de los sectores del almacenamiento o la distribución de alimentos, la tecnología de la información, la maquinaria, la energía, los semiconductores, los seguros, el transporte urbano y los puertos.

A finales de septiembre de 2021, en el Programa de Asociaciones de Inversión (Projeto de Parcerias de Investimento -PPI-) se enumeraban 72 proyectos completados, 3 proyectos en suspenso y 164 proyectos en curso, que abarcaban desde los puertos hasta la energía y el turismo; en junio de 2022, 14 empresas públicas habían sido seleccionadas en el marco del PPI a efectos de privatización.