El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) establece un diálogo que las partes pueden optar por utilizar para intentar resolver cualquier cuestión laboral que surja entre ellas al amparo del Capítulo de Comercio y Trabajo.
Este diálogo permite una consideración expedita de los asuntos, mediante el cual los países pueden acordar mutuamente un curso de acción.
Como parte del Capítulo de Comercio y Trabajo, se estipula un mecanismo de cooperación sobre cuestiones laborales, incluyendo oportunidad para recibir insumos por parte de los actores interesados en la identificación de áreas de cooperación y participación, cuando sea apropiado y mutuamente acordado, en actividades de cooperación.
Firmado el 4 de febrero de 2016, el TPP estaba integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la salida de su país de este bloque el pasado 23 de enero.
En el TPP, cada uno de los países se compromete a garantizar el acceso a procedimientos judiciales y administrativos justos, equitativos y transparentes y a proporcionar remedios efectivos contra violaciones de sus leyes laborales.
También las naciones acordaron adoptar y mantener en sus leyes y prácticas los derechos laborales fundamentales, tal como se reconocen en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo de 1998, de manera expresa, la libertad de asociación, el derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil.
Esta semana, Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, declaró que el TPP sería tomado como base para la negociación trilateral para actualizar el apartado laboral dentro del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.