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América del NorteComercio

Piden en EEUU más sanciones penales contra la piratería en el TLCAN

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La Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (IIPA, por su sigla en inglés) pidió al gobierno de Estados Unidos incluir más sanciones penales contra la piratería en la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Esta organización cabildea para proporcionar sanciones penales contra las infracciones a escala comercial «realizadas con fines comerciales o financieros» o que «tengan un impacto perjudicial sustancial». La ley mexicana actual sólo se aplica a la infracción «con fines de lucro».

La IIPA pretende que se obligue a las partes del TLCAN a aplicar los artículos 10 y 11 de la Convención de Cibercriminalidad de Budapest, que incluyen compromisos con respecto a la infracción penal del derecho de autor y la ayuda y la complicidad.

A la IIPA la integran cinco asociaciones representantes de más de 3,200 empresas estadounidenses que producen y distribuyen materiales y servicios protegidos por las leyes de derechos de autor en todo el mundo, como videojuegos, dispositivos portátiles, computadoras, Internet, películas, programación de televisión, música, discos y libros.

Otra de sus demandas consiste en prohibir el robo de señal de cable (con sanciones civiles y penales) y eliminar el requisito de “lucro” para la aplicación criminal contra el robo de señales por satélite para descifrar señales de cable o satélite.

También pretende que se prohíban los actos de elusión de los controles de acceso y tráfico de herramientas, dispositivos, componentes o servicios que puedan ser utilizados para esquivar las “Medidas de Protección Técnica” que resguardan todas las obras protegidas por derechos de autor. Para ello, pide añadir sanciones civiles y penales para la distribución o el tráfico, incluida la importación de dispositivos de elusión.

Hay dos impedimentos significativos, según la IIPA, que impiden el desarrollo de un “vibrante” mercado legal en México para los consumidores de música, películas, videojuegos y libros en línea.

En primer lugar, el régimen jurídico mexicano de los derechos de propiedad intelectual es “anticuado” para la era digital. Por ejemplo, México aún no ha implementado plenamente los tratados digitales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996 y, mucho menos, los recursos legales y procedimientos comunes que operan en la mayoría de los países. En segundo lugar, las autoridades mexicanas de aplicación de la ley siguen centrándose en los bienes duraderos y no en la piratería digital.

Las industrias del derecho de autor informaron que la “buena cooperación” continuó con algunas de las autoridades federales mexicanas en los esfuerzos contra la piratería en papel. Y algunas agencias han desarrollado infraestructuras para hacer frente a la piratería en Internet, pero los recursos en lugares clave siguen siendo cortos para una aplicación efectiva.

Desde la perspectiva de la IIPA, los recortes presupuestarios dirigidos a diversos organismos públicos de México (incluyendo varias agencias de aplicación de derechos de propiedad intelectual) sólo empeorarán estos problemas.

Los miembros de la IIPA incluyen a la Asociación de Editores Americanos, la Asociación de Software de Entretenimiento, la Alianza de Cine y Televisión Independiente, la Asociación Cinematográfica de América y la Asociación de la Industria de la Grabación de América.

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