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México pide a la Unión Europea detalles sobre tribunales permanentes de inversión

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México pidió a la Unión Europea más detalles sobre su propuesta de establecer tribunales permanentes que diriman casos de inversionista-Estado como parte de la renegociación de Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM).

Cuando se intentó negociar un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el tema de mayor debate fue el de los paneles arbitrales para protección de inversión, y ahí se complicó de tal manera que el bloque comunitario lanzó un nuevo modelo al proponer tribunales permanentes.

“Cuando se debate el nuevo modelo de inversión que ha estado diseñando la Unión Europea y si se dan cuenta de que incluso los acuerdos comerciales que hay en vigor al día de hoy tienen también un elemento importante de inversión, es necesario pensar con detenimiento cómo vamos a adaptar el modelo actual al modelo nuevo en las cuestiones de inversión”, dijo este jueves Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en una conferencia en Bruselas.

Las negociaciones del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), han quedado suspendidas durante el gobierno del presidente Donald Trump; pero el mecanismo de tribunales permanentes quedó incluido en el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, que comenzó a aplicar provisionalmente en septiembre pasado.

“Es necesario dirimir esas cuestiones con detalle para adoptar las decisiones apropiadas. Nosotros estamos comprometidos con el concepto y apoyamos plenamente el concepto; pero todavía es necesario, como digo, dirimir los detalles y las ideas que funcionen para ambas partes”, agregó Guajardo.

Para Ricardo Ramírez, exjuez del Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el mecanismo Inversionista-Estado se encuentra en una crisis de legitimidad y de percepción en la que se cuestiona, entre otras cosas, la falta de transparencia con la que se llevan los procedimientos, la solidez jurídica de algunas decisiones y el acceso costoso al mecanismo.

Ello ha llevado a que, por ejemplo, la Unión Europea haya iniciado un proceso de mejoras que incluyen la creación de una instancia de apelación.

“Ese modelo nada más existe en papel. Realmente no se ha desarrollado, no se ha implementado, no existe una corte que haya ya visto casos y empiece a generar jurisprudencia. Son apenas ideas que se han estado flotando, que algunos países han considerado de manera más entusiasta que otros”, dijo Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

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