La Unión Europea combatirá por 1ª vez la corrupción en un TLC y será con México
La Unión Europea combatirá por primera ocasión la corrupción en un tratado de libre comercio, al modernizar el que opera con México (TLCUEM), de conformidad con el “acuerdo en principio” que alcanzaron ambas partes el pasado sábado.
En el Reporte de Competitividad Global 2017, difundió por el Foro Económico Mundial (WEF), México se mantuvo en el lugar 51, en una muestra de 137 países, con la corrupción como el principal problema para hacer negocios.
A su vez, en el Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, México se encuentra en el sitio 123 de 176 naciones; Estados Unidos en el lugar 18, y Canadá en la posición nueve.
De ser firmado y ratificado, el TLCUEM actualizado será el primer acuerdo comercial de la Unión Europea que incluya disposiciones para luchar contra la corrupción, con medidas para actuar contra el soborno y el lavado de dinero.
Según el acuerdo en principio, México y el bloque europeo abordarán el blanqueo de dinero, especialmente asegurando que la identidad de quién posee realmente una cuenta bancaria, fideicomiso o fondo (el beneficiario efectivo) sea conocida siempre y las autoridades pertinentes, como las fiscales o judiciales, puedan acceder a esa información.
Los gobiernos de ambas partes buscan promover la participación activa de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción. Los “Grupos Asesores Nacionales” podrán presentar propuestas sobre cómo abordar mejor la corrupción en el TLCUEM.
Este nuevo pacto comercial tendrá un mecanismo que permitirá a México y la Unión Europea consultas para encontrar una solución amistosa a cualquier desacuerdo sobre la interpretación o implementación de las disposiciones anticorrupción.
En el procedimiento de consulta, las Partes pueden solicitar la asistencia de un Grupo de Expertos, que emitiría un dictamen con una solución propuesta. Dicha opinión se haría pública y requeriría que las Partes debatieran las formas de implementar las recomendaciones, con la ayuda de la sociedad civil si correspondiera.
Se pretende que el TLCUEM tenga disposiciones para combatir y prevenir la corrupción en el comercio y la inversión, lo cual es importante debido a las formas negativas en que afecta: compromete las oportunidades de acceso al mercado, erosiona las concesiones comerciales y distorsiona los compromisos destinados a crear un mismo nivel de campo de juego.
La corrupción puede actuar como un obstáculo no arancelario absoluto o como un costo para los inversores extranjeros directos, lo mismo en empresas que desean participar en procedimientos de contratación pública y contratos gubernamentales, que en operadores económicos que buscan obtener autorizaciones y exportadores o importadores de bienes, incluyendo el área de aduanas y controles relacionados.
Los objetivos de las nuevas disposiciones son prevenir la corrupción principalmente promoviendo la integridad en el sector privado y público, mejorando los controles internos, la auditoría externa y la información financiera, así como fortaleciendo la lucha contra la corrupción, perseguida a través de las convenciones internacionales, en particular la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC).
En este sentido, las Partes reiteran su compromiso de hacer que la corrupción sea un delito para los funcionarios del gobierno y para las empresas.
En tanto, México, Estados Unidos y Canadá lograron cerrar el capítulo de Anticorrupción, con el cual se penalizan prácticas corruptas de los gobiernos y las compañías de los tres países respecto a cualquier tema cubierto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El capítulo incluye prácticas de integridad en gobiernos y empresas y regula sobre delitos como soborno, cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos y peculado, entre otros.
Canadá y Estados Unidos, quienes cuentan con leyes más estrictas en la materia a nivel nacional, tienen interés particular para proteger a sus empresas de actos de corrupción en México que las hagan menos competitivas en sus inversiones y en el comercio de bienes y servicios.
Muchos de los compromisos de México en esta esfera fueron incluidos en el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), cuyo “acuerdo global en principio” ya fue cerrado, con el capítulo de Transparencia y Anticorrupción incluido en su totalidad.
En ese capítulo del TPP-11, los países se comprometen a la aplicación efectiva de sus leyes y reglamentos anticorrupción. Además, a esforzarse por adoptar o mantener códigos o normas de conducta para sus funcionarios públicos, así como medidas para identificar y gestionar los conflictos de intereses, incrementar la capacitación de los funcionarios públicos, tomar medidas para desalentar prebendas, facilitar la notificación de los actos de corrupción y establecer las medidas disciplinarias o de otro tipo para los funcionarios públicos que participen en actos de corrupción.
Las Partes del TPP se obligan a garantizar ciertos derechos de debido proceso para los interesados del TPP, en relación con procedimientos administrativos, incluyendo una pronta revisión a través de procedimientos imparciales por parte de tribunales o procedimientos judiciales o administrativos.
También se comprometen a adoptar o mantener leyes que penalicen el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas por parte de un funcionario público, así como otros actos de corrupción que afecten al comercio internacional o la inversión.
