La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre de 2026 abre una oportunidad para la agenda marítima brasileña: prolongar políticas cuyos resultados requieren más tiempo que un mandato presidencial. Puertos, flotas y ordenación del espacio marino necesitan años de inversión, coordinación y aprendizaje. La continuidad política puede facilitar esa maduración; su valor dependerá de que produzca capacidades duraderas y beneficios sociales verificables.
Esa oportunidad afronta dos límites inmediatos: un Congreso más inclinado a la derecha, con una oposición fortalecida, y una economía que sigue creciendo, pero pierde dinamismo. La reelección no asegura acuerdos legislativos ni espacio presupuestario. La agenda marítima deberá negociar prioridades y justificar inversiones de largo plazo frente a demandas inmediatas. Tampoco cabe considerar a toda la derecha un bloque opositor uniforme ni confundir desaceleración con recesión.
Brasil: poder y mar
La Teoría del Estado Marítimo ofrece una clave para interpretar esta coyuntura. Su hipótesis central sostiene que el desarrollo marítimo integral y sostenido requiere una conciencia oceánica mayoritaria: que la mayoría de la población adulta reconozca la contribución del mar a su bienestar y respalde una política marítima de Estado. Ese respaldo es necesario, pero insuficiente sin instituciones, recursos y capacidad de ejecución. La victoria electoral de un presidente, por sí sola, no demuestra que exista tal conciencia ni valida la hipótesis.
Brasil permite examinar esta relación en tres ámbitos concretos.
El primero es la conectividad. El programa BR do Mar, creado por ley en 2022 y reglamentado en 2025, busca ampliar el transporte de mercancías entre puertos brasileños. Su trayectoria atraviesa gobiernos distintos: una advertencia contra atribuir toda la agenda a una sola administración. El criterio de éxito debe ser operativo: servicios confiables, competencia efectiva e integración con las conexiones terrestres. Los anuncios de inversión y la disponibilidad jurídica de embarcaciones todavía deben traducirse en mejores condiciones para productores, usuarios y regiones.
Conexiones logísticas
El segundo es el Planeamiento Espacial Marino. Brasil asumió un compromiso internacional en 2017 e institucionalizó el instrumento en 2025, con horizonte de implementación en 2030. Coordinar pesca, conservación, energía y transporte exige información, participación y decisiones sostenidas. Aquí, la continuidad puede reducir la fragmentación administrativa, siempre que permita corregir conflictos y daños. Mantener una política no significa conservar intactos sus errores.
El tercero es la proyección sobre el Atlántico Sur. Brasil asumió en abril de 2026 la presidencia de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, ZOPACAS, creada en 1986. Este espacio de cooperación ofrece una vía para fortalecer vínculos con África y atender problemas marítimos compartidos. Su potencial depende de proyectos y cooperación efectiva; una declaración diplomática no equivale a capacidad regional consolidada.
La consecuencia geopolítica aparece cuando esas capacidades amplían las opciones internacionales de Brasil. Una logística más confiable y una cooperación atlántica sostenida pueden mejorar su posición negociadora. Los vínculos con China y otros socios asiáticos, así como las alternativas de conexión hacia el Pacífico, deben evaluarse por su contribución a diversificar mercados y dependencias. Materializar esos corredores exige estudios, financiación y ejecución: un proyecto no equivale a una ruta operativa ni demuestra el desplazamiento de otros circuitos comerciales.
Proyectos marítimos
La autonomía estratégica exige, además, capacidad para decidir sobre infraestructura crítica y condiciones de acceso. Diversificar socios puede ampliarla; concentrar financiación, tecnología o control operativo puede reducirla. El resultado dependerá de las decisiones concretas, no de la afinidad política entre gobiernos.
Para América Latina, la lección trasciende a Lula. La permanencia de un gobierno puede favorecer proyectos marítimos de larga maduración, pero no garantiza eficacia ni constituye un requisito para ella. Una política de Estado debe sobrevivir a la alternancia democrática, rendir cuentas y demostrar beneficios regionalmente distribuidos. La oportunidad brasileña consiste en convertir continuidad política en continuidad institucional, y esta última en bienestar que sostenga el respaldo social al mar.
Roberto Arriola García
Founder, Latin American Maritime Law Studies (LAMLS)