El gobierno federal quiere que más transacciones en México dejen de hacerse en efectivo. Para lograrlo, envió al Congreso una iniciativa nueva, pensada como un marco general para el pago electrónico. Se llama Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Todavía no es ley, pero ya avanzó en las comisiones de la Cámara de Diputados.
Un recorrido legislativo breve
La Secretaría de Hacienda entregó la propuesta a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2026. Llegó junto con el Paquete Económico 2027. Unas dos semanas después, el gobierno la presentó públicamente en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El paso por comisiones tomó unas tres semanas. La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad emitió una opinión positiva a finales de septiembre. El 1 de octubre, la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen. Y el dictamen organiza la ley en cinco títulos con un total de 22 artículos, y la complementa con cinco transitorios.
Qué propone la iniciativa
La idea central es reducir de forma gradual el uso del efectivo. No plantea prohibirlo de manera general. En su lugar, busca facilitar herramientas que ya existen, como SPEI, CoDi, los códigos QR y los pagos por NFC.
Una de las medidas más concretas toca a los comercios con terminal de tarjeta. La Secretaría de Hacienda podrá emitir reglas, junto con la CNBV, para que esos negocios también reciban pagos por QR. Además, las oficinas de los tres niveles de gobierno tendrían que habilitar el cobro electrónico para sus trámites y servicios.
El punto más debatido está en los llamados sectores estratégicos. Aquí la iniciativa le daría a Hacienda la facultad de señalar actividades donde solo se pueda pagar por vías electrónicas. Se habla de empezar con gasolineras y casetas de peaje. Habría una salida de emergencia. Ante una caída del sistema, el efectivo o el cheque volverían a valer de forma temporal.
Identidad digital para contratar a distancia
Hay también una pieza menos visible: la identidad. La CURP digital y el Expediente Digital Ciudadano servirían para comprobar quién es una persona sin que tenga que ir a una sucursal. Esto aplicaría a la contratación de servicios financieros.
El objetivo declarado es reducir el rezago en regiones donde los pagos digitales son mucho menos frecuentes. En el sur del país, por ejemplo, la brecha frente a la Ciudad de México sigue siendo grande.
Qué podría significar para los negocios en línea
Los negocios que ya operan por internet tienen una ventaja de partida. Cobran de forma electrónica desde el primer día y no dependen del efectivo. Para ellos, la ley sería menos una transformación y más una apliación de la infraestructura que ya usan.
Aun así, hay temas que les interesan de cerca. Uno es la verificación de identidad a distancia. Otro es el costo de las comisiones. Un representante del comercio señaló que el cobro promedio por aceptar pagos digitales rebasa el 3.5%. En su opinión, ese costo explica que cuatro de cada diez negocios sigan sin aceptarlos.
También hay un efecto indirecto. El proyecto calcula que más de 4.4 millones de negocios pequeños podrían abrir una cuenta bancaria diseñada para su tipo de operación. Si esa cifra se materializa, el universo de clientes con medios de pago electrónicos crecería de forma notable.
El caso de los servicios digitales regulados
Entre los sectores que operan completamente en línea están algunos servicios de entretenimiento regulado, como el Winpot. Estas plataformas ya trabajan con pagos electrónicos, verificación de identidad de usuarios y licencia federal. Por eso, un marco más robusto de identidad digital y pagos podría ser compatible con sus requisitos actuales.
Eso no significa que la nueva ley las modifique de forma directa. La iniciativa no regula el juego ni sustituye la normativa sectorial vigente. Funciona como un marco transversal, que convive con las reglas específicas de cada industria, incluidas las de identificación y juego responsable.
Las dudas que quedan abiertas
No todos los legisladores ven el proyecto sin reservas. Desde la oposición surgió una duda de fondo. La ley podría estar pensada para quienes ya participan en la economía digital y dejar atrás a quienes siguen cobrando en efectivo en negocios pequeños. Pero la pregunta, en esencia, es si existen las condiciones para que todos puedan sumarse.
Otros puntos pendientes tienen que ver con los tiempos de implementación y con la neutralidad tecnológica. Es decir, si la ley favorecerá un método de pago en particular o dejará espacio para varios.
Lo que sigue
Falta todavía el paso por el pleno de la Cámara de Diputados. La fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos es el 20 de octubre. El Senado, por su parte, tiene hasta el 31 de octubre para revisar el paquete completo. La iniciativa podría sufrir modificaciones antes de convertirse en ley. Lo que sí parece claro es que el debate sobre el futuro del efectivo en México ya empezó.