El gobierno federal de México, a través de IMPI y ANAM, firmó un convenio para impulsar la protección de los derechos de propiedad intelectual en las operaciones de comercio exterior.
En 2025, el comercio exterior mexicano de productos totalizó 1 billón 328,903 millones de dólares, de acuerdo con datos del Inegi.
De ese total, 664,837 millones de dólares correspondieron a exportaciones, con un alza interanual de 7.6 por ciento. Las importaciones sumaron los restantes 664,066 millones de dólares, un avance de 4.4 por ciento.
IMPI y ANAM
El titular de la ANAM, Rafael Fernando Marín Mollinedo, y el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, firmaron el convenio. Además, la coordinación y colaboración entre ambos organismos incluye acciones conjuntas de prevención y detección. Estas acciones también comprende el combate de conductas ilícitas.
Este instrumento se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, al reforzar la vigilancia en puntos estratégicos del país y contribuir a un entorno más seguro, confiable y competitivo para la inversión y el desarrollo económico.
Ambas instituciones establecerán mecanismos de intercambio de información para el ejercicio de sus facultades. Además, operarán esquemas de coordinación que permitan identificar mercancías que vulneren derechos de propiedad intelectual.
El IMPI y la ANAM implementarán programas de capacitación especializada dirigidos al personal aduanero. Estos programas serán impartidos por personal técnico del IMPI. Así, se busca fortalecer las capacidades de detección y análisis en esta materia.
Como parte de este esfuerzo, se integrará un Grupo de Trabajo que dará seguimiento a las acciones conjuntas. Esto permitirá homologar criterios de actuación y contribuir al diseño de estrategias para prevenir y combatir posibles infracciones.
Reporte Especial 301
Nieto Castillo indicó que este acuerdo cobra especial relevancia en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como ante la próxima emisión del Reporte Especial 301, elaborado por la USTR.
Con respecto a las indicaciones geográficas (IG), en el más reciente Reporte Especial 301 Estados Unidos insta a México a garantizar la transparencia y el debido proceso en la protección de las IG. Además, pide asegurar que el otorgamiento de protección de IG no prive a las partes interesadas de la capacidad de usar nombres comunes. Esto es particularmente importante con respecto a la protección otorgada en virtud de acuerdos comerciales.
En 2024, la Suprema Corte de Justicia de México confirmó la constitucionalidad de la legislación de implementación del T-MEC de México relacionada con los derechos de autor. En concreto, confirmó específicamente aquellas que se refieren a las sanciones penales por la elusión de medidas de protección tecnológica (MPT) y los procedimientos de notificación y retiro.
Sin embargo, según la USTR, no hay indicios de que las autoridades mexicanas estén aplicando las disposiciones que penalizan la elusión de las MPT. Además, no están aplicando las normas que establecen un proceso de notificación y retiro impulsado por los titulares de derechos (es decir, no iniciado por el IMPI).
Productos pirata
Además, los requisitos para el enjuiciamiento penal, incluida la demostración de un “beneficio económico directo” y la presentación de una copia física legítima del contenido pirateado, siguen siendo barreras significativas para la aplicación de la ley.
En cuanto a la aplicación de la ley, el IMPI coordinó esfuerzos con la policía federal y local para confiscar mercancía ilegal y combatir la piratería en varios estados de México, en una estrategia denominada Operación Limpieza.
Las autoridades mexicanas se centraron en productos falsificados originados principalmente en China. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la presencia de productos pirateados y falsificados en los mercados mexicanos sigue siendo motivo de preocupación.