Las sanciones por la Declaración Electrónica del Valor en México llegaron puntuales en 2026. La reforma aduanera digitalizó la valoración y, de paso, convirtió cada error en un riesgo caro. Documentar mal ya no es descuido: es multa, auditoría o embargo preventivo.

A partir del 1 de enero de 2026, México implementó una reforma aduanera que hace obligatoria la Declaración Electrónica del Valor. La medida digitaliza por completo la valoración aduanera y refuerza los requisitos de documentación y cumplimiento en las operaciones de importación.

Sanciones por la Declaración Electrónica del Valor

Con este cambio, aumentan las sanciones por errores de valoración y desaparecen las exenciones de responsabilidad para los agentes aduanales. En consecuencia, se incrementa la exposición al cumplimiento a lo largo de toda la cadena de suministro, incluidos importadores y operadores involucrados.

Además, los errores o correcciones tardías en la información declarada pueden derivar en inspecciones, multas o embargos preventivos. Por ello, la preparación anticipada y la integración precisa de la documentación se vuelven elementos críticos para evitar contingencias operativas y legales.

El nuevo marco legal endurece de forma significativa las sanciones. Las multas por omisión de derechos, como aranceles, IVA, impuestos especiales, cuotas compensatorias o cuotas antidumping, pueden incrementarse hasta en 300%, junto con un mayor riesgo de retención de mercancías.

Asimismo, se eleva la probabilidad de auditorías por parte del Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A ello se suma la eliminación de la exclusión de responsabilidad para los agentes aduanales, quienes pierden protección legal bajo ciertas condiciones.

Aduanas en México

El decreto que reforma la Ley Aduanera fue publicado el 19 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 1 de enero de 2026. Introduce mayores exigencias tecnológicas, ajustes operativos y sanciones más severas en los procesos aduaneros.

Entre los cambios destacan nuevos requisitos tecnológicos, como sistemas de control de inventarios, trazabilidad, videovigilancia y monitoreo en tiempo real, interoperables con el sistema aduanero nacional. También se endurecen los expedientes electrónicos y se elimina la documentación en formato físico.

Finalmente, se establece el uso obligatorio de la Manifestación de Valor Electrónica a través de la VUCEM. El proceso recae exclusivamente en el importador, exige firma electrónica, anexos digitales y autorización expresa al agente aduanal, además de mayores obligaciones para programas especiales como IMMEX.