El Colefom sugiere establecer un mecanismo trilateral para la movilidad humana en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
¿Qué es el Colefom? Una red de federaciones y organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Representa a comunidades en el exterior, impulsa la participación cívica y defiende derechos, dignidad y políticas públicas a favor de los migrantes mexicanos.
Movilidad humana
Aunque no precisó en cuáles, el mecanismo propuesto por esta organización sería similar a los incluidos en otros acuerdos comerciales.
Elena Gutiérrez, directora del Programa México-Estados Unidos del Colefom (Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos), hizo esta recomendación a la USTR como parte de la revisión del T-MEC.
Gutiérrez elevó el tono. Exigió respeto pleno a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. También pidió armonizar los procedimientos del mecanismo laboral de respuesta rápida. El objetivo: acceso asequible, directo y transparente a la justicia. “La competencia justa requiere reglas justas”, afirmó ella.
En el terreno de los mercados laborales, puso otro tema sobre la mesa. La paz en América del Norte. La violencia, advirtió, ya impacta la inversión, el empleo y las comunidades productivas. Además, eleva costos en salud y reduce la productividad.
Por ello, Gutiérrez planteó atacar las causas de fondo. Entre ellas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y las inversiones que fortalecen redes ilícitas. Esto implica controles más estrictos a las armas usadas por el crimen organizado. También mayor intercambio de datos entre autoridades de México y Estados Unidos. Y revisar las restricciones del T-MEC que limitan la acción gubernamental frente a estructuras financieras de riesgo.
Derechos humanos
En conjunto, subrayó, se trata de propuestas prácticas. Están centradas en la seguridad. Y son económicamente viables. Buscan fortalecer a América del Norte en un contexto de alta incertidumbre. Refuerzan cadenas de suministro. Mejoran la recaudación fiscal. Y elevan la seguridad regional. Es una agenda de derechos humanos con beneficios económicos claros, más aún ante la escasez de mano de obra.
La propuesta ambiental también es clave. Gutiérrez llamó a proteger la biodiversidad, el agua y las semillas nativas. La seguridad alimentaria, sostuvo, es seguridad nacional. Por eso, pidió evitar compromisos que afecten derechos campesinos e indígenas. También rechazar la privatización de semillas, mantener la prohibición del maíz transgénico para consumo humano y excluir maíz y frijol del acuerdo.
El cierre apunta a los territorios. Se pidió reconocer derechos indígenas, fortalecer la participación comunitaria y respetar los derechos de la naturaleza. Las reglas ambientales deben alinearse con tratados internacionales. Además, cualquier disputa debe exigir investigación previa, prevención, mitigación y remediación. Así, se reducen conflictos, se protegen inversiones y se garantiza estabilidad de largo plazo.