La Business Roundtable (BRT, por su sigla en inglés) pidió reformar la estructura de tarifas de espectro en México, como parte de la revisión sexenal del T-MEC.

El objetivo sería alinear esta estructura con los estándares internacionales, para bajar las tarifas.

Adicionalmente, la BRT planteó restablecer a un regulador de telecomunicaciones independiente para garantizar que las empresas estadounidenses no se vean perjudicadas en el sector mexicano.

Tarifas de espectro en México

El sistema mexicano de tarifas de espectro incluye la obligación de que los operadores paguen dos componentes separados: un pago inicial durante el proceso de subasta al obtener una licitación de espectro y una tarifa anual para mantener su derecho al espectro durante la vigencia de la licencia. 

Según el antiguo regulador mexicano, el IFT, las tarifas de espectro elevadas y discriminatorias han demostrado obstaculizar la competencia, la cobertura y la inversión. 

De acuerdo con la BRT, México tiene uno de los costos de espectro más elevados, entre 88 y 96% por encima del índice de referencia internacional, lo que dificulta la transformación digital del país. 

La USTR identificó estas tarifas anuales de espectro como una barrera comercial significativa que debe eliminarse. De ​​conformidad con el Artículo 18.17.2 del T-MEC, las decisiones y procedimientos regulatorios de México en el ámbito de las telecomunicaciones, incluyendo los relacionados con el espectro, deben ser imparciales para los participantes del mercado. 

Lamentablemente, la BRT criticó que México continúa avanzando en la dirección equivocada en materia de telecomunicaciones. 

Empresas estatales

A diferencia de lo establecido en los Capítulos 18 y 22 del T-MEC, una reforma constitucional aplicada en octubre de 2024 eliminó al IFT como organismo independiente. En su lugar, las funciones regulatorias se transfirieron a una nueva superintendencia, expuesta a la politización.

Desde entonces, ese giro ya muestra efectos claros. Por un lado, México permite que empresas estatales que ofrecen servicios de internet, como la CFE, operen como monopolios. En consecuencia, se limita la competencia y se reduce el margen de acción para compañías privadas estadounidenses.

Además, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en julio de 2025, introdujo un cambio relevante. Ahora, las empresas estatales pueden mantener de forma simultánea licencias comerciales y públicas de telecomunicaciones.

Así, firmas como la CFE acceden a subsidios públicos que no están disponibles para el sector privado. De este modo, según la BRT, se debilita el principio de neutralidad competitiva en el mercado.