Los objetivos del T-MEC se están cumpliendo, afirmó el Instituto de Política Progresista (PPI, por su sigla en inglés) en el primer día de audiencias en la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), en Washington.

En las audiencias, que se celebrarán del 3 al 5 de diciembre, participarán unos 100 testigos. 

Objetivos del T-MEC

En la audiencia, Edward Gresser, vicepresidente del IPP, comentó en la audiencia que el T-MEC “funciona razonablemente bien”. 

El Tratado, sucesor del TLCAN, entró en vigor el 1 de julio de 2020. Además, el Congreso aprobó en 2019 que su capítulo de Disposiciones Finales incluye una cláusula relevante. Esta ordena a los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá realizar una revisión a los seis años, es decir, en julio de 2026, para decidir si conviene modificar el Acuerdo.

Es un pacto amplio. Cubre múltiples industrias y se aplica a casi 2 billones de dólares en comercio de bienes y servicios de Estados Unidos. Sin embargo, como toda obra humana, el T-MEC es imperfecto por definición.

Aun así, para el IPP, cumple sus objetivos principales. Facilita el comercio en agricultura, servicios, energía y manufactura. También ayuda a mantener abiertos los canales digitales y fomenta la cooperación en tráfico de vida silvestre y salud oceánica. Por otro lado, ofrece a los estadounidenses bienes de consumo y suministros industriales confiables a bajo costo. Finalmente, introduce un enfoque novedoso para abordar temas laborales.

Crisis

Mientras tanto, Gresser advirtió que han surgido problemas graves ajenos al acuerdo. Estos afectan el comercio estadounidense en general y, en particular, las relaciones con Canadá y México.

Desde febrero pasado, la administración del presidente Donald Trump impuso aranceles de manera “desmedida”, desde el punto de vista de Gresser. Además, lanzó amenazas directas contra ambos socios comerciales. Esto desencadenó “crisis reales”. Entre ellas, destacó el daño a la separación constitucional de poderes, la erosión de relaciones clave para la seguridad nacional y un deterioro económico creciente. En su opinión, los aranceles elevan el costo de vida de las familias, frenan el crecimiento y reducen la competitividad agrícola e industrial de Estados Unidos.

La cláusula de revisión del Capítulo Final establece una evaluación, no una acción obligatoria. En otro contexto resultaría útil examinar ajustes para perfeccionar el acuerdo. Sin embargo, Gresser opinó que en las condiciones previstas para 2025 y 2026, la política hacia México y Canadá debería enfocarse en frenar estas crisis autogeneradas y mitigar sus efectos.

Aranceles

Si la administración decide avanzar con las revisiones del acuerdo, ese proceso debería realizarse solo después de tres pasos clave, consideró Gresser.

Primero, el Congreso tendría que aprobar legislación para poner fin a los decretos arancelarios de “emergencia” y “seguridad nacional” bajo leyes como IEEPA, Sección 232 y Sección 301. También debería exigir votaciones para cualquier imposición futura de aranceles u otras restricciones a las importaciones, con excepciones limitadas y claramente definidas.

Luego, sería necesario estabilizar la seguridad en América del Norte. Para ello, se requiere restablecer la confianza, el respeto mutuo y el interés compartido como base de la política estadounidense hacia México y Canadá.

Después, correspondería restaurar un proceso de formulación de políticas acorde con la Constitución. Así, el Congreso establecería objetivos de negociación para cualquier cambio relevante en el T-MEC y decidiría con su voto si aprueba o no los acuerdos resultantes.

Una vez cumplidos estos pasos, sería apropiado estudiar con detalle el T-MEC. Podría incluso resultar útil si existiera consenso amplio para introducir mejoras. En caso contrario, la implementación de este programa no sería adecuada por ahora.