El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la aplicación de leyes en México en asuntos relacionados con el fraude, las aseguradoras, la protección de derechos de propiedad industrial y los derechos laborales en la agricultura, las maquiladoras y la construcción.
En su informe Declaración sobre el clima de inversión en México 2025, el Departamento de Estado refirió que empresas estadounidenses han reportado en los últimos años la presentación de cargos penales contra funcionarios de la empresa y partes relacionadas, derivados de disputas contractuales o comerciales, con dos casos de este tipo tan solo en el primer trimestre de 2025.
Aplicación de leyes en México
Según su criterio, las reformas judiciales en México de 2024 podrían impactar aún más el panorama legal para los inversionistas extranjeros, al afectar la previsibilidad e imparcialidad de las decisiones judiciales, así como la reciprocidad en la resolución de disputas.
“Las empresas estadounidenses que invierten o hacen negocios en México deben familiarizarse con las leyes y procedimientos mexicanos que permiten que casos penales paralelos, a menudo basados en acusaciones de fraude, se tramiten simultáneamente con disputas comerciales”, dijo.
Por otro lado, las barreras comerciales de 2025 del Departamento de Estado publicadas el 31 de marzo de 2025 indicaron que varias empresas estadounidenses informan que el SAT de México ha cambiado su interpretación de sus leyes y, como resultado, se ha requerido que las compañías de seguros paguen retroactivamente el impuesto al valor agregado sobre reclamos por daños que se remontan a 2015.
OIT
“Las empresas estadounidenses han expresado su preocupación de que el SAT no esté aplicando la ley de manera consistente, lo que podría llevar a la insolvencia de algunas aseguradoras en México”, destacó en el informe sobre inversión.
En una tercera vertiente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno mexicano fue razonablemente eficaz en la aplicación de la legislación laboral en empresas grandes y medianas, especialmente en fábricas operadas por empresas estadounidenses y en otras industrias bajo jurisdicción federal.
Pero el Departamento de Estado agregó que la aplicación de la ley fue deficiente “en muchas pequeñas empresas” y en los sectores agrícola y de la construcción, y prácticamente inexistente en el sector informal.
Las organizaciones de trabajadores han presentado numerosas quejas sobre las malas condiciones laborales en las maquiladoras y en la industria de la producción agrícola. Las quejas más comunes fueron: bajos salarios, malas condiciones laborales, largas jornadas laborales, despidos injustificados, falta de prestaciones de seguridad social y seguridad laboral, y falta de libertad sindical.