La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone más controles al régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE).
A través de la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, el gobierno plantea endurecer los controles para evitar el uso indebido de los RFE.
Para ello, se exigirá garantizar el pago de contribuciones y acreditar con documentación técnica que las mercancías realmente se sometieron a procesos de elaboración o transformación.
Recinto Fiscalizado Estratégico
La iniciativa señala que existe uso indebido del régimen de RFE, al detectarse casos de ingreso de “mercancías terminadas o con características esenciales de productos completos” sin someterlas a proceso productivo alguno, lo que deriva en evasión de impuestos.
Para corregir esta situación, se propone prohibir que mercancías en tales condiciones sean destinadas a este régimen, estableciendo la limitante de manera explícita en la ley.
La iniciativa otorga a la autoridad aduanera la facultad de definir, mediante reglas generales, qué mercancías adicionales quedarán excluidas de este régimen. Así se refuerza el control en recintos fiscalizados estratégicos y se garantiza un uso productivo legítimo.
Además, se establece que estos recintos no podrán colindar con recintos fiscales o fiscalizados. El traslado de mercancías solo lo harán empresas inscritas en el registro de transportistas. A su vez, el despacho aduanero quedará en manos de agentes aduanales con inscripción vigente en el registro de empresas certificadas.
Recaudación tributaria
La iniciativa obliga a pagar impuestos al comercio exterior cuando las mercancías se introduzcan para procesos de elaboración, transformación o reparación. Además, deberá comprobarse que efectivamente se sometieron al proceso productivo declarado, fortaleciendo la transparencia en las operaciones.
Por otro lado, quienes ingresen mercancías extranjeras para manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta o distribución deberán garantizar el pago de contribuciones. Asimismo, se prohíbe que administradores de recintos fiscalizados estratégicos y empresas vinculadas accedan a nuevas autorizaciones para destinar mercancías a este régimen.
Con ello, la autoridad aduanera podrá apoyarse en bases de datos, cooperación internacional y consultas anticipadas para validar valores declarados. También se exigirá el uso exclusivo de transportistas registrados y agentes aduanales certificados. Finalmente, se aplicarán sanciones más severas, que podrán llegar hasta 300% del valor comercial de la mercancía.