En México se iniciaron 5,899 Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMAS) a la importación de enero a septiembre del año actual, 7.2% más que los realizados en el mismo periodo de 2019, informó la Secretaría de Hacienda.

Los PAMAS son procedimientos establecidos en la Ley Aduanera, a través de los cuales las autoridades aduaneras embargan precautoriamente mercancías de comercio exterior, al ejercitar facultades de comprobación o al practicar el reconocimiento aduanero, el segundo reconocimiento, o la verificación de mercancías en transporte.

Número de Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMAS)

PAMAS

En general, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza procesos de control que buscan reducir el comercio ilícito y posicionar a México a la par de las mejores prácticas internacionales.

En este sentido, el SAT mantiene un intercambio de información con otras administraciones tributarias y aduaneras para combatir de manera conjunta el fraude comercial e inhibir el contrabando, el lavado de dinero y la defraudación.

El embargo de mercancías introducidas ilegalmente fue por un valor de 4,500 millones de pesos, menor en 18,300 millones de pesos que en enero-septiembre del año anterior, en las que se determinó el monto de los PAMAS por 1,400 millones de pesos, monto inferior en 3,700 millones de pesos con relación a 2019, derivado de la revisión y fiscalización (carga y pasajeros) en las aduanas del país.

El decremento en el monto de los PAMAS se explica, en gran medida, por una base de comparación alta en 2019, ya que en el primer semestre de dicho año se registró un decomiso extraordinario de documentos (importación de divisas por medio de documentos por cobrar o efectivo) en la Aduana de Toluca.

En lo que respecta a operaciones con riesgo de valor y origen, en enero-septiembre de 2020, se realizaron 5,280 análisis de valor, 118.7% más que en igual periodo de 2019, y se emitieron 713 órdenes de embargo (618 por subvaluación, 78 de verificaciones de domicilio fiscal y 17 por documentación falsa o alterada y proveedor no localizado o inexistente), 19.1% menos que en el mismo periodo del año anterior.

El monto asociado fue de 592.7 millones de pesos, siendo 123.4% mayor en términos reales respecto a enero-septiembre de 2019.