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Comercio

México y Brasil continuarán negociaciones pese a juicio de Rousseff

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México y Brasil continuarán las negociaciones comerciales para ampliar el Acuerdo de Complementación Económica Número 53 (ACE 53), un proceso que no se afectará por el juicio político iniciado a la presidenta brasileña, Dilma Roussef, afirmó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

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El Senado de Brasil resolvió hoy que la presidenta Dilma Rousseff será sometida a juicio político, lo que implica que dejará su cargo por 180 días.

Con el comienzo de este proceso de destitución o «impeachment», Rousseff saldrá por la puerta principal del palacio de Planalto, sede presidencial, y permanecerá en el Palacio de la Alborada, su residencia oficial, donde estará en su nueva condición de presidenta espectral, con el salario recortado a la mitad y las perrogativas reducidas al mínimo.

El vicepresidente del país, Michel Temer, líder del Partido Democrático do Movimento Brasileiro (PMDB), asumirá inmediatamente después la jefatura del Estado.

Ruiz Huarte dijo que a los empresarios mexicanos se les informó que las negociaciones del ACE 53 continuarán porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) se maneja con independencia de quien esté en el gobierno.

A finales de 2015, México y Brasil sostuvieron su primera ronda de negociaciones para ampliar el ACE 53 y han llevado a cabo otras dos rondas de negociaciones.

El nivel de apertura actual entre las dos mayores economías de Latinoamérica, medido por el universo de fracciones arancelarias, unas 12,100, es limitado, si se considera que el ACE 53 abarca sólo 1,535 clasificaciones de productos, mientras que el ACE 55, que cubre el sector automotriz, elimina los aranceles a 140 distintos bienes automotrices, entre ellos los automóviles.

Así, mientras prosiguen las negociaciones del ACE 53, los senadores discutirán en los siguientes seis meses si Rousseff cometió crimen de responsabilidad hacia la República al alterar las cuentas públicas para equilibrar los balances presupuestarios de un año para otro a base de pedir dinero a grandes bancos públicos.

Una posterior votación, que se celebrará probablemente en octubre, decidirá el destino final de Rousseff. Para entonces no servirá sólo la mayoría simple. Serán necesarios dos tercios, esto es, 54 senadores.

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