La propiedad intelectual y los mercados negros a México
La protección de los derechos de propiedad intelectual en México se complica por los mercados negros que proporcionan una importante fuente de empleo en el sector informal, indicó una guía sobre riesgos de negocios en México difundida por el gobierno de Reino Unido.
Los productos que se reproducen de manera ilegal, vendidos a una fracción del costo de sus homólogos legítimos, brindan a los consumidores con recursos limitados acceso a artículos que de otro modo serían inalcanzables.
Según el documento, algunos líderes gubernamentales son reacios a tomar medidas enérgicas contra la piratería por temor a que esto pueda llevar a disturbios sociales, aunque el hecho de que esto se reconozca como un problema y deba abordarse es, en sí mismo, un paso adelante positivo.
Tanto las empresas mexicanas como las internacionales han destacado la pérdida de ventas y el debilitamiento de las marcas debido a los productos falsificados, lo que el gobierno mexicano ha reconocido como una cuestión de importancia.
En general, a pesar de los esfuerzos de aplicación del gobierno federal, continúan los abusos del derecho de propiedad intelectual en los sectores industriales de México.
Los esfuerzos antipiratería siguen siendo particularmente débiles a nivel estatal y municipal, y las pérdidas para las empresas mexicanas e internacionales debido a la falsificación de marcas, piratería de derechos de autor y violaciones de patentes ascienden a miles de millones de dólares anuales.
La falta de protección de los derechos de propiedad intelectual puede afectar a una amplia gama de industrias, incluidas, pero no exclusivamente, cine, música, software, farmacéutica, literatura y las industrias textil y de la confección, así como el sector de alimentos y bebidas, especialmente licores.
Las soluciones al problema a menudo son difíciles de implementar debido a la falta de recursos, la falta de comunicación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la lentitud de los sistemas judiciales, la falta de sentencias disuasorias, y la planificación y coordinación insuficientes entre los sectores industriales y las agencias gubernamentales.
