India aplica más de 250 cuotas antidumping al mundo
India aplica más de 250 cuotas antidumping a diversos países del mundo, de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La India sigue recurriendo de forma activa a las medidas antidumping y, en la actualidad, es el principal usuario de medidas antidumping en la OMC.
Durante el período 2015-2019 (diciembre de 2019), la India inició 233 investigaciones, lo que supone un aumento notable desde el período 2011-2014 (junio), en el que el número de iniciaciones fue de 82.
La mayoría de las investigaciones iniciadas durante el período objeto de examen se refieren a productos procedentes de China, seguidos de los procedentes de la República de Corea y de la Unión Europea (28).
A finales de 2019, la India había impuesto 254 derechos antidumping.
Esas medidas afectaban principalmente a productos químicos y sus manufacturas (40.6% del total de medidas).
La duración media de las medidas antidumping vigentes en diciembre de 2019 era de cinco años y 9 meses; sin embargo, hay 58 medidas -aplicadas principalmente a las importaciones procedentes de China (45%)- que llevan en vigor más de 10 años.
Cuotas antidumping
En el período 2015-2020 (enero), la India inició 20 investigaciones en materia de medidas compensatorias y 11 medidas estaban en vigor.
Como en el caso de los derechos antidumping, la mayoría de las medidas afectaban a las importaciones procedentes de China.
La India recurre activamente a las medidas de salvaguardia; en junio de 2019, había iniciado 46 investigaciones (el 12% del total de investigaciones en materia de salvaguardias iniciadas por Miembros de la OMC).
Actualmente hay una medida de salvaguardia en vigor. 19. Con objeto de apoyar la producción nacional y las exportaciones, la India sigue ofreciendo una serie de incentivos en forma de subvenciones directas y programas de sostenimiento de los precios, concesiones o exenciones arancelarias o tipos de interés preferenciales.
Asimismo, hasta el 40% de todos los préstamos bancarios debe asignarse a «sectores prioritarios», entre ellos la agricultura, las pequeñas y medianas empresas (Pymes), la educación, la vivienda, la infraestructura social, la energía renovable y las exportaciones.
También se conceden preferencias en materia de contratación pública a empresas nacionales.
