El silencio de Biden sobre reforma energética
Senadores de Estados Unidos cuestionaron el silencio de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre la iniciativa de reforma energética en México.
“Los informes públicos indican que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador interpreta el relativo silencio público de la administración Biden sobre este tema como indiferencia o aprobación tácita a la decisión de su gobierno de priorizar el desarrollo de combustibles fósiles sobre las energías renovables”, dijeron los senadores Robert Menendez, Brian Schatz, Jeff Merkley y Tim Kaine.
Menendez es presidente del Comité de Relaciones Exterior del Senado de Estados Unidos.
Los legisladores arguyeron que la agenda política del presidente López Obrador prioriza las fuentes de energía intensivas en carbono, contaminantes y más caras simplemente porque la producción es propiedad del Estado.
A través de una carta enviada el 18 de enero a Antony Blinken, secretario de Estado, y Jennifer Granholm, secretaria de Energía, los legisladores fijaron este posicionamiento.
“Los alentamos encarecidamente a ambos a que hagan de este un tema prioritario de discusión durante este importante año para la acción climática, y en especial instamos a la secretaria de Energía Granholm a plantear este asunto con sus homólogos del gobierno mexicano durante su visita de enero a México”, instaron.
Reforma energética
Además, ellos les pidieron a ambos funcionarios que les brinden una actualización sobre las acciones que está tomando la administración de Biden para defender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y contrarrestar “la postura alcista y nacionalista” del presidente López Obrador hacia el sector energético mexicano.
También destacaron lo siguiente: “La cooperación con México en el desarrollo de energía limpia, incluido el cultivo de minerales críticos, es esencial para promover la competencia con China”.
En la carta, refirieron que en diciembre, en línea con los esfuerzos del presidente López Obrador para obstaculizar el crecimiento en el sector de energía renovable de México, México presentó una contribución determinada a nivel nacional revisada (NDC, por sus siglas en inglés) al Acuerdo de París, lamentablemente de bajo rendimiento, comprometiéndose sólo a reducir las emisiones en 22% y las emisiones de carbono negro en 51% para 2030.
Además, según ellos, es probable que la Cámara de Diputados de México vote a mediados de abril sobre un proyecto de ley que revertiría la ley de reforma energética de 2014 que permitió la inversión privada y extranjera en el sector energético de México y restauraría el dominio de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el sector energético.
Si se promulga, describieron que el gobierno mexicano cancelaría los permisos, contratos y certificados de energía renovable; eliminaría las agencias reguladoras federales de energía que brindan controles y contrapesos a las compañías estatales de energía; habría una garantía de que CFE controle al menos 54% del mercado; una reorganización de las cuotas de producción de energía privadas y estatales para favorecer la producción de combustibles fósiles; y establecer al Estado como único implementador de la transición de energía limpia de México.
En contrapunto, López Obrador ha destacado que la reforma eléctrica propuesta permitiría mantener cierto control sobre los precios de la electricidad.
