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Foto: APEC. Peimer ministro japonés, Shinzō Abe. El TPP original fue ratificado por Japón y Nueva Zelanda. Ahora, con los nuevos cambios, el gobierno japonés espera presentar los proyectos de ley a la Dieta en la sesión ordinaria de 2018. El TPP-11 entrará en vigencia 60 días después de que al menos seis (la mayoría) de los países completen el proceso de ratificación.

Acuerdan poner en vigor el TPP-11 en 2019

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Los ministros de comercio de 11 países pactaron aspectos clave con el objetivo de poner en vigor el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) en 2019, como parte de “un acuerdo en principio” celebrado en Danang, Vietnam.

“Los ministros se complacen en anunciar que han acordado los elementos centrales del acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífico”, afirmaron en una declaración conjunta.

Las 11 naciones programaron la ceremonia de la firma del TPP para febrero de 2018, luego de lo cual comenzarán los procesos de ratificación en los congresos de cada una de ellas.

Tras reunirse el jueves y viernes en Danang, en el marco de la Cumbre de Líderes del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), los ministros convinieron suspender 20 disposiciones del TPP original, 11 de las cuales están relacionadas con la propiedad intelectual.

Los cambios en el campo de la propiedad intelectual, uno de los capítulos más polémicos, incluyen disposiciones relativas al período de protección de datos sobre medicamentos biotecnológicos (derivados de fuentes naturales) y una extensión del período de derecho de autor.

El consenso ministerial comprendió además no hacer cambios a la desgravación de aranceles pactada en el capítulo de bienes del TPP que se firmó en febrero de 2016.

“El acuerdo inicial abarca 8,000 páginas, y el hecho de que pudimos limitar la lista de suspensiones a 20 significa que pudimos mantener los altos estándares establecidos en el acuerdo inicial del TPP”, dijo Toshimitsu Motegi, ministro de Economía de Japón en una prensa conferencia el sábado.

Los países miembros del TPP son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

El 30 de enero de 2017, Estados Unidos notificó a los demás signatarios que no tenían la intención de ratificar el TPP, lo que generó una pausa e incertidumbre sobre el rumbo de este Tratado de Libre Comercio (TLC), que se reimpulsó posteriormente con el liderazgo de Japón.

El TPP original fue ratificado por Japón y Nueva Zelanda. Ahora, con los nuevos cambios, el gobierno japonés espera presentar los proyectos de ley a la Dieta en la sesión ordinaria de 2018. El TPP-11 entrará en vigencia 60 días después de que al menos seis (la mayoría) de los países completen el proceso de ratificación.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que buscaría explorar acuerdos comerciales bilaterales con diversos países del TPP. Entre ellos, Japón representa el mercado más grande y con el cual Estados Unidos no tiene un TLC .

La Casa Blanca sugirió que el nuevo diálogo económico entre Estados Unidos y Japón podría utilizarse para lanzar negociaciones formales bilaterales de un TLC en algún momento, pero el gobierno nipón se ha mostrado en cierto grado evasivo.

Las negociaciones entre Estados Unidos y Japón fueron un aspecto crítico del TPP original, que contenía disposiciones sobre autos, seguros y otros asuntos aplicables solo a los dos países.

Según la declaración ministerial, el TPP-11 mantuvo “los altos estándares, el equilibrio general y la integridad” del TPP original, manteniendo el “derecho inherente de regular, incluida la flexibilidad de las partes para establecer prioridades legislativas y reglamentarias”.

El TPP prevé mayor profundidad en las disciplinas comerciales tradicionalmente incluidas en este tipo de instrumentos, como acceso a mercado de bienes y servicios, inversión, propiedad intelectual, obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, compras de gobierno, comercio transfronterizo de servicios, solución de controversias, entre otros.

Además, contiene disposiciones de nueva generación, en temas tales como: empresas del Estado, ambiental, laboral, comercio electrónico, anticorrupción, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), competitividad, coherencia regulatoria, y desarrollo, que no habían sido consideradas en acuerdos anteriores.

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