Inversión Extranjera Directa en México: aumenta 27% en 2023
México captó 36,058 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023, lo que supone 27% más en comparación con 2022, informó la Secretaría de Economía.
México está abierto a la IED en la mayoría de los sectores económicos y siempre ha sido uno de los mayores receptores de IED en los mercados emergentes.
De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, la proximidad de México a Estados Unidos y el acceso preferencial al mercado estadounidense, la estabilidad macroeconómica, el gran mercado interno, la creciente base de consumidores, los trabajadores cada vez más calificados y los menores costos laborales se combinan para atraer inversionistas extranjeros.
La crisis económica de la pandemia de Covid-19 mostró cuán vinculadas están las cadenas de suministro de América del Norte y destacó nuevas oportunidades de asociación e inversión.
Aún así, los recientes cambios políticos y regulatorios han creado dudas sobre el clima de inversión, particularmente en los sectores de energía, agricultura y gestión de pensiones de empleo formal, según el Departamento de Estado.
Inversión Extranjera Directa
La mayor parte de la inversión extranjera se concentra en los estados del norte cerca de la frontera con Estados Unidos, donde se encuentran la mayoría de las maquiladoras (plantas de ensamblaje y fabricación orientadas a la exportación), o en la Ciudad de México y la cercana región de “El Bajío” (por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, etc.).
En el pasado, los inversionistas extranjeros han pasado por alto los estados del sur de México, aunque la administración se concentra en atraer inversiones a la región, incluso a través de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor industrial y logístico transístmico.
El gobierno de México aumentó en 2021 el gasto público y promovió ampliamente la inversión privada en estos proyectos.
En diciembre de 2021, el gobierno de México emitió un controvertido decreto nombrando a estos proyectos prioridades de “seguridad nacional”, permitiéndoles continuar antes de que se completen los estudios de impacto ambiental y de otro tipo.
Aunque los tribunales prohibieron el decreto ejecutivo, todavía generó preocupaciones sobre el compromiso del Gobierno de México con la transparencia.
México había sido históricamente receptor de inversión extranjera directa en diversos sectores, como manufactura, servicios financieros, energía, tecnología y automotriz.
